Por Alejandro Macías –
El escrutinio de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de los candidatos presidenciales revela que la Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, ha sido asumida por ellos como el techo ético de su transparencia. Esta utilización invierte gravemente el propósito de la norma: en lugar de constituirse en el piso mínimo para la rendición de cuentas, se convirtió en un escudo protector contra la transparencia y la probidad.
El problema radica en los puntos grises que la ley permite. Candidatos con estructuras patrimoniales y financieras sencillas cumplen fácilmente con el estándar legal, pero aquellos con perfiles más complejos, que contienen derechos de aprovechamiento de aguas o extensas participaciones societarias, cumplen con la letra, pero no con el espíritu de la norma.
La ley exige declarar el activo del patrimonio de los candidatos, pero no impone la obligación de revelar el detalle de las operaciones (caudal y uso del agua, negocios societarios, origen de las rentas, por ejemplo). Esta omisión legal impide al ciudadano fiscalizar y trazar los eventuales conflictos de interés que pueden afectar a los candidatos. Un Presidente no puede, sin ninguna duda, enfrentar eficazmente la crisis hídrica o la regulación de determinados sectores de la actividad económica si sus intereses privados permanecen ignorados y ocultos.
Lo más grave es que la Ley N° 20.880 (artículo 7) autoriza expresamente a los declarantes a informar voluntariamente cualquier otra fuente posible de conflictos de intereses, distintos de los exigidos en la norma.
El fracaso ético radica en que la norma ofrece a los candidatos la posibilidad de abandonar el oscurantismo y aliarse con la transparencia, sin embargo, conscientemente, decidieron despreciarla. El mínimo legal se convierte así en una excusa para evadir el máximo deber democrático.
Los candidatos a La Moneda tienen el máximo deber ético de ir más allá del estándar legal y publicar la información que hoy reservan del conocimiento y escrutinio públicos.
Exigir menos es resignarse a una democracia débil, de baja legitimidad, donde la probidad se convierte simplemente en una ilusión y en un autoengaño.