Por David Molina –
La noticia, aún sin cifras oficiales ni detalles pormenorizados, estremece a la comunidad de Calama y a todo Chile. El reciente y presunto ataque a una pediatra venezolana, identificada preliminarmente como la Dra. R., en un incidente que habría ocurrido en las inmediaciones de su lugar de trabajo o residencia, pone de relieve una serie de problemáticas que van más allá de un simple hecho delictivo. Se trata de la convergencia de la crisis de seguridad urbana y la vulnerabilidad de los profesionales de la salud migrantes.
Un Rostro para la Crisis de Seguridad
Calama, una ciudad motor de la economía chilena, ha visto un incremento en los índices de delincuencia y violencia que afectan a todos sus habitantes. Este ataque a una profesional que se dedica a proteger la vida de los niños subraya la percepción de que nadie está a salvo. El impacto no es solo físico o material para la víctima, sino que genera una ola de miedo e incertidumbre entre el personal de salud, muchos de ellos extranjeros, que a diario se enfrentan a largas jornadas para suplir el déficit de especialistas que aqueja al sistema público.
La Dra. R., como muchos de sus colegas venezolanos, llegó a Chile buscando estabilidad y ofreciendo un servicio esencial. Su labor en la atención pediátrica es invaluable. Sin embargo, incidentes como este corren el riesgo de tener un efecto disuasorio, provocando que valiosos profesionales decidan marcharse, agravando la ya precaria situación de la salud local. ¿Cómo podemos pedirles que se queden si no podemos garantizar su seguridad básica?
La Doble Vulnerabilidad del Migrante Esencial
Es fundamental recordar que estos profesionales, mientras son esenciales en los hospitales, a menudo enfrentan una doble vulnerabilidad: la de ser blanco de la delincuencia por habitar o transitar en zonas de riesgo, y en ocasiones, la de ser víctimas de la xenofobia o prejuicios asociados a su origen.
Es imperativo que las autoridades locales y nacionales, en primer lugar, esclarezcan los hechos con rapidez, identifiquen a los responsables y apliquen todo el peso de la ley. Pero la respuesta no puede quedarse ahí.
Necesitamos una estrategia integral de seguridad que proteja a todos los ciudadanos y, de manera particular, a aquellos que desempeñan funciones críticas. Proteger a la Dra. R. y a sus colegas no es solo un acto de justicia, es una inversión directa en la salud y el futuro de los niños de Calama.
La comunidad debe rodear de apoyo a esta profesional y enviar un mensaje claro: la xenofobia no tiene cabida y la violencia contra quienes nos cuidan es inaceptable. Calama no puede permitirse perder a quienes han venido a sanar.