Por Roberto Puente, especial para En la Mira La periodista ariqueña Ximena Astudillo, corresponsal de El Mostrador y editora de Aquí Arica, habla sin rodeos: recuerda cómo la marcó la dictadura, confiesa las veces que han intentado comprar su silencio y explica por qué, pese a amenazas y marginaciones, sigue convencida de que investigar es un deber con la gente. Ximena, ¿Cómo fue tu camino hasta convertirte en periodista de investigación? Empezó cuando estaba en la universidad, en los años 90. Veníamos saliendo de la dictadura y yo tenía muy frescos los nombres de periodistas que se jugaron la vida por informar. Leía revistas opositoras y veía Teleanálisis en VHS, esas cintas que se pasaban de mano en mano y te mostraban lo que la televisión oficial escondía. Eso me marcó. Después, mis referentes fueron Raquel Correa y Mónica González, mujeres que demostraron que el periodismo no era solo contar lo evidente, sino hurgar donde nadie quería mirar. ¿Cómo eliges hoy los temas en Aquí Arica? Mucho viene de escuchar. Observo los consejos municipales y regionales, converso con la gente en la calle, con autoridades… aunque a veces choquemos. También reviso redes, que sí, están llenas de ruido, pero si sabes leerlas, encuentras pistas. Lo importante es no quedarme en el comunicado oficial. Esa es la invitación que me hizo El Mostrador: dar contexto, mostrar lo que se esconde bajo la alfombra. ¿En tus reportajes sobre corrupción, crimen organizado o juicios de alto impacto? ¿Qué dificultades sueles encontrar? Primero, la soledad. Aquí trabajo sola, no hay un equipo como en Santiago. Eso significa más carga, más insistencia, más horas. Después, la falta de respuestas de algunas entidades públicas, asesores con buena disposición, pero con límites, y otras oficinas que deben “consultar en Santiago”, lo que retrasa. Y claro, también está esa sensación de que incomodamos: hay autoridades que preferirían que no existiera un medio que fiscaliza. ¿Cuánta libertad editorial tienes? ¿Recibes directrices desde Santiago?                           Tengo un editor nacional que supervisa los cuatro Aquí del país, pero somos libres de proponer. Yo llevo mi parrilla y la entrego; pueden sugerir, nunca imponer. He impulsado un sello más transgresor —caricaturas, memes, ilustraciones— siempre con respeto. La revisión existe, pero la autonomía también. Independencia y modelo de financiamiento: ¿Cómo se sostiene Aquí Arica sin ceder a presiones?                                                                                                                           No dependemos de financiamiento estatal ni empresarial. Algunas empresas se han acercado y luego se inhiben por temor a quedar mal con autoridades. Esa es la realidad. Aun así, preferimos la independencia: nuestra lealtad es con lectores y con la verdad, no con intereses políticos o económicos. En casos sensibles (corrupción, crimen), ¿dónde pones los límites en cuanto a revelar nombres, proteger a fuentes, etc.? Con respeto absoluto. Si alguien confía en mí, esa confianza no se rompe. Salvo que la información ponga en riesgo real a otra persona. Verifico mucho: quién habla, desde dónde, con qué intención. No me interesa el desquite personal, me interesa la verdad que afecta a la comunidad. Democracia y Estado de Derecho: ¿qué rol le asignas al periodismo de investigación?  Fiscalizar al poder es irrenunciable. No buscamos guiar decisiones, pero sí entregar elementos para que la ciudadanía decida informada. En regiones, esto rompe esquemas: incomoda, pero es necesario para una democracia que funcione con controles, rendición de cuentas y datos abiertos. ¿Has enfrentado amenazas, censura o presiones por tus investigaciones? Sí, varias. Me ofrecieron plata, viajes, cenas. Si aceptara, no podría salir a reportear con la frente en alto. Lamento que aún haya quienes crean que “se compra” el espacio. También recibí amenazas de muerte por cubrir casos de crimen organizado. Y hay una forma más sutil: dejarte fuera de las invitaciones, no mandarte comunicados. Piensan que así te quedas sin temas… pero en realidad me motivan más, porque ahí es donde está lo que la gente debe saber. ¿Qué te motiva a seguir en esto? Que la gente tome decisiones informadas. No es decirles qué pensar, sino darles elementos reales para que construyan su propia opinión. Eso es democracia. Y en regiones, donde hay menos ojos mirando, es aún más urgente. ¿Qué proyectos tienes en mente para los próximos años? Armar un equipo en Arica, que no sea solo yo. Ampliar Aquí Arica y atrevernos con nuevos formatos, como podcasts de calidad que cuenten lo local con profundidad. Y quizás volver en algún momento a lo corporativo, porque también me ha formado, pero sin dejar de lado la independencia que he defendido hasta ahora. ¿Qué habilidades o valores recomiendas a jóvenes periodistas interesados en investigación?                                                                                                                         Que lean mucho, que vuelvan a la historia, que no se queden en la inmediatez de las redes. Y que se atrevan a conversar largo, a escuchar, a revisar archivos. Las respuestas rápidas sirven un rato, pero el periodismo que queda es el que se hace con tiempo, con cabeza y con corazón. La entrevista ya terminaba cuando Ximena bajó el tono. Su voz, al otro lado del teléfono, sonaba serena pero firme, como quien ha aprendido a resistir sin perder la fe. Antes de despedirnos, la felicité por sus 5 mil seguidores en TikTok; se rió con esa mezcla de pudor y orgullo que solo tienen los que hacen su trabajo sin buscar aplausos. “Lo importante no son los números”, me dijo. “Es que la gente escuche y piense”. Y tenía razón. Colgamos, y me quedó resonando esa frase. Ximena se despide con la misma convicción con la que ha llevado toda su carrera, dejando claro que, pese a la soledad o a las puertas cerradas, investigar sigue siendo un acto de resistencia. Porque en Arica —como en cualquier lugar donde la democracia se pone a prueba— el periodismo no es un lujo: es una necesidad vital.

Por Roberto Puente – Sin bombos ni discursos elocuentes, pero con una trayectoria reconocida y una hoja de vida relativamente intacta, Harold Mayne-Nicholls se ha convertido en una de las sorpresas de las presidenciales 2025. En tiempos donde los partidos tradicionales han perdido credibilidad, su apuesta lo posiciona como un outsider con pergaminos que pocos pueden exhibir. ¿Podrá ser una alternativa creíble en medio de la polarización política? Un paso firme hacia La Moneda En marzo, Harold Mayne-Nicholls anunció que competiría como candidato independiente a la Presidencia. Para eso comenzó a reunir las 35 mil firmas necesarias para inscribirse ante el Servel. El 15 de agosto de 2025 comunicó que había logrado la meta y, tres días después, formalizó su candidatura. Finalmente, el Servel validó 35.992 patrocinios, confirmando su presencia en la papeleta presidencial. Así, lo que partió como una idea ciudadana se transformó en una candidatura real. Una fórmula política en evolución Desde su presentación oficial, Mayne-Nicholls ha insistido en gobernar “24 horas al día”, con equipos plurales que incluyan personas de distintos orígenes políticos, y con un énfasis especial en recorrer el país. En su primer debate televisado, logró visibilidad: su intención de voto subió de 1,8 % a 4 % tras ese encuentro, y un 12 % de los encuestados lo calificó como quien tuvo mejor desempeño. Sus propuestas están todavía en desarrollo, pero han cobrado forma. Por ejemplo, ha planteado reducir la cantidad de asesores en el “Segundo Piso” del gobierno —una señal de austeridad institucional— y ha enfatizado la necesidad de cambiar lógicas de gestión pública. A nivel político, Mayne-Nicholls ha adoptado una estrategia prudente: ha evitado alinearse con fuerzas extremas o coaliciones, criticando con fuerza las declaraciones del Presidente Boric en cadena nacional que apuntaron contra José Antonio Kast, a las cuales calificó como “proselitismo político”. Se ha distanciado también de posibles pactos o apoyos explícitos con figuras como Kast o Jara. No obstante, su candidatura no está exenta de cuestionamientos. Recientemente, circuló en medios un expediente que señala la existencia de más de 70 juicios laborales activos, así como documentos con tachaduras y sentencias condenatorias vinculadas a su gestión en la organización de los Juegos Santiago 2023. Esto abre una grieta importante en su narrativa de pulcritud y transparencia, que hasta ahora no había sido puesta en primer plano en el debate público. Además, su papel en redes sociales ha sido observado con lupa: Meta (empresa de Facebook e Instagram) registró que Mayne-Nicholls difundió 15 anuncios electorales antes de que comenzara el plazo permitido oficialmente, lo que motivó que dichos anuncios fueran retirados por incumplir normas de transparencia en campañas digitales. Entre el capital simbólico y los retos institucionales Uno de los mayores activos de Mayne-Nicholls sigue siendo su historial: ex presidente de la ANFP (2007-2011), colaborador de la FIFA, director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, persona con poca exposición a escándalos políticos. Ese perfil le otorga legitimidad frente a un electorado cansado de la política convencional. Su relación con Marcelo Bielsa, que hoy algunos podrían sobreinterpretar como influencia, ha sido desestimada por él mismo como factor en su decisión. “Esto es un tema mío, completamente personal”, ha dicho. Ahora el desafío no es la narrativa, sino la estructura política: ¿cómo articular apoyos programáticos? ¿qué alianzas posibles puede construir (o rechazar)? ¿cómo pasar del capital simbólico a una maquinaria electoral competitiva? Este dilema lo enfrentan muchas candidaturas independientes: Chile ha visto que la proliferación de nombres no siempre se traduce en capacidad real de gobernar. Sin embargo, Mayne-Nicholls parte con algo escaso en la política del siglo XXI: una reputación intacta (o al menos no ampliamente manchada) y credenciales de gestión en el ámbito público. En esa cancha, arrancar con un 1-0 es un privilegio que nadie garantiza podrá mantener hasta el pitazo final.

Editorial: «En La Mira» – Chile enfrenta una encrucijada histórica, con elecciones presidenciales y parlamentarias en el mes de noviembre que no solo definirán el mapa político de los próximos cuatro años, sino que pondrán a prueba la solidez de nuestra república democrática. Este período transcurre en un ambiente de polarización acentuada, donde la complejidad de los problemas y desafíos busca ser ocultada con retóricas simplistas que alimentan los extremos ideológicos y el populismo. El riesgo que hoy enfrentamos se traduce en la erosión sistemática de los pilares que sostienen la democracia. La verdad, piedra angular del debate público, se encuentra bajo un asedio constante. El auge de la desinformación, la tiranía algorítmica y la manipulación en las redes sociales, han creado burbujas informativas donde la emoción y la consigna superan a la reflexión y el sustento fáctico. Así, las próximas elecciones se convierten en un terreno fértil para meras manifestaciones de voluntades sin demostración. Ante esta fatiga democrática, el periodismo tiene un mandato irrenunciable: restaurar el valor de la evidencia. No podemos permitir que la decisión crucial que se avecina se tome basada en la esperanza ciega o en la promesa vacía. La ciudadanía, las instituciones y la prensa están obligados a elevar el estándar, exigiendo rigor, responsabilidad y concreción a quienes aspiran a liderar la nación. La defensa de nuestro país pasa hoy por la defensa del dato auditable. En este contexto de necesidad imperiosa y de compromiso con la verdad y la transparencia es que nace En la Mira. Nuestro surgimiento como medio es una respuesta a la crisis de credibilidad. Nuestro foco estará dirigido a levantar el velo de la opacidad en la gestión pública que lesiona la convivencia democrática, defendiendo así los principales liberales y sociales que garantizan la solidez del Estado de Derecho. Para En la Mira el rigor no es una opción, es el único lenguaje admisible. La inminencia de las elecciones no puede constituir una excusa para el escrutinio. Llamamos a la ciudadanía a abandonar la fe ciega en las propuestas sin sustento y a exigir la evidencia como el faro que guía su actuar. Exigir responsabilidad a los candidatos es hoy el acto más profundo de defensa democrática. Es por ello que, a partir de hoy, En la Miraasume la responsabilidad de constituirse en la lupa escrutadora y fundada en la evidencia que el país reclama.

Por David Molina – La noticia, aún sin cifras oficiales ni detalles pormenorizados, estremece a la comunidad de Calama y a todo Chile. El reciente y presunto ataque a una pediatra venezolana, identificada preliminarmente como la Dra. R., en un incidente que habría ocurrido en las inmediaciones de su lugar de trabajo o residencia, pone de relieve una serie de problemáticas que van más allá de un simple hecho delictivo. Se trata de la convergencia de la crisis de seguridad urbana y la vulnerabilidad de los profesionales de la salud migrantes. Un Rostro para la Crisis de SeguridadCalama, una ciudad motor de la economía chilena, ha visto un incremento en los índices de delincuencia y violencia que afectan a todos sus habitantes. Este ataque a una profesional que se dedica a proteger la vida de los niños subraya la percepción de que nadie está a salvo. El impacto no es solo físico o material para la víctima, sino que genera una ola de miedo e incertidumbre entre el personal de salud, muchos de ellos extranjeros, que a diario se enfrentan a largas jornadas para suplir el déficit de especialistas que aqueja al sistema público. La Dra. R., como muchos de sus colegas venezolanos, llegó a Chile buscando estabilidad y ofreciendo un servicio esencial. Su labor en la atención pediátrica es invaluable. Sin embargo, incidentes como este corren el riesgo de tener un efecto disuasorio, provocando que valiosos profesionales decidan marcharse, agravando la ya precaria situación de la salud local. ¿Cómo podemos pedirles que se queden si no podemos garantizar su seguridad básica? La Doble Vulnerabilidad del Migrante EsencialEs fundamental recordar que estos profesionales, mientras son esenciales en los hospitales, a menudo enfrentan una doble vulnerabilidad: la de ser blanco de la delincuencia por habitar o transitar en zonas de riesgo, y en ocasiones, la de ser víctimas de la xenofobia o prejuicios asociados a su origen.Es imperativo que las autoridades locales y nacionales, en primer lugar, esclarezcan los hechos con rapidez, identifiquen a los responsables y apliquen todo el peso de la ley. Pero la respuesta no puede quedarse ahí. Necesitamos una estrategia integral de seguridad que proteja a todos los ciudadanos y, de manera particular, a aquellos que desempeñan funciones críticas. Proteger a la Dra. R. y a sus colegas no es solo un acto de justicia, es una inversión directa en la salud y el futuro de los niños de Calama.La comunidad debe rodear de apoyo a esta profesional y enviar un mensaje claro: la xenofobia no tiene cabida y la violencia contra quienes nos cuidan es inaceptable. Calama no puede permitirse perder a quienes han venido a sanar.

Por Karen Madrid – Desde abril, nuestro país cuenta con una nueva cartera ministerial: el Ministeriode Seguridad Pública, cuya misión es fortalecer la seguridad nacional yproteger a los chilenos y chilenas mediante la coordinación de las policías y laprevención del delito.Pero, ¿cómo le explicamos a la Sra. Juanita que esta nueva repartición tendrácomo rol principal colaborar con el Presidente de la República en materiasrelativas al resguardo, mantención y promoción del orden público, la prevencióndel delito y la protección de las personas? Es decir, tanto Carabineros de Chilecomo la Policía de Investigaciones (PDI) estarán bajo su dependencia directa.La Sra. Juanita, una dueña de casa que se informa principalmente a través dela televisión, comienza su día viendo los matinales, donde los segmentosinformativos relatan delitos que, lamentablemente, se han vuelto la norma y nola excepción en el Chile de hoy: la fuga de un sicario, portonazos, turbazos,encerronas, asaltos a escolares, crimen organizado, el Tren de Aragua, y unalarga lista de nuevos delitos que ya no sorprenden, porque se han hecho partedel día a día.Como muchos ciudadanos, hemos tenido que aprender no sólo estos nuevostérminos, sino también sus significados. Por ejemplo:Portonazos: robos de vehículos que ocurren cuando las víctimas estáningresando o saliendo de sus hogares, generalmente mediante intimidaciónarmada.Turbazos: robos con violencia perpetrados por un grupo numeroso de personasque atacan simultáneamente un local comercial o incluso un domicilio.Es momento de dejar que quienes tienen la responsabilidad y preparación paraenfrentar estos delitos cumplan su labor. Carabineros de Chile debe enfocarseen mantener el orden público y reforzar su acercamiento a la comunidad.Gendarmería, en cumplir su misión de garantizar la aplicación de las penas yfomentar la reinserción social. La PDI, en realizar investigacionesespecializadas, controlar la migración y proteger nuestras fronteras, todo ellocon el objetivo de brindar seguridad y estabilidad al país.Sin embargo, frente a los hechos recientes que han traspasado lo meramentepolicial, la Sra. Juanita siente —como muchos chilenos— que este nuevoMinisterio no está cumpliendo su mandato de “fortalecer la seguridad del país ycuidar de los chilenos y chilenas”. Porque mientras los delitos aumentan,también lo hace la sensación de desprotección.Queremos volver a vivir tranquilos. Caminar por nuestros barrios sin miedo.Llegar a casa sin temor a ser asaltados o agredidos. Volver a confiar ennuestras instituciones y no sentir, nunca más, esta constante sensación de in-seguridad. En definitiva, todos somos la Sra. Juanita.

Por Alejandro Macías – El escrutinio de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de los candidatos presidenciales revela que la Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, ha sido asumida por ellos como el techo ético de su transparencia. Esta utilización invierte gravemente el propósito de la norma: en lugar de constituirse en el piso mínimo para la rendición de cuentas, se convirtió en un escudo protector contra la transparencia y la probidad. El problema radica en los puntos grises que la ley permite. Candidatos con estructuras patrimoniales y financieras sencillas cumplen fácilmente con el estándar legal, pero aquellos con perfiles más complejos, que contienen derechos de aprovechamiento de aguas o extensas participaciones societarias, cumplen con la letra, pero no con el espíritu de la norma. La ley exige declarar el activo del patrimonio de los candidatos, pero no impone la obligación de revelar el detalle de las operaciones (caudal y uso del agua, negocios societarios, origen de las rentas, por ejemplo). Esta omisión legal impide al ciudadano fiscalizar y trazar los eventuales conflictos de interés que pueden afectar a los candidatos. Un Presidente no puede, sin ninguna duda, enfrentar eficazmente la crisis hídrica o la regulación de determinados sectores de la actividad económica si sus intereses privados permanecen ignorados y ocultos. Lo más grave es que la Ley N° 20.880 (artículo 7) autoriza expresamente a los declarantes a informar voluntariamente cualquier otra fuente posible de conflictos de intereses, distintos de los exigidos en la norma. El fracaso ético radica en que la norma ofrece a los candidatos la posibilidad de abandonar el oscurantismo y aliarse con la transparencia, sin embargo, conscientemente, decidieron despreciarla. El mínimo legal se convierte así en una excusa para evadir el máximo deber democrático. Los candidatos a La Moneda tienen el máximo deber ético de ir más allá del estándar legal y publicar la información que hoy reservan del conocimiento y escrutinio públicos. Exigir menos es resignarse a una democracia débil, de baja legitimidad, donde la probidad se convierte simplemente en una ilusión y en un autoengaño.

Entrevista por Roberto Puente – En Arica, a Ximena Astudillo no la invitan a los actos oficiales. Tampoco le llegan comunicados del gobierno regional ni de las seremías. Ese vacío, que para muchos sería un problema, para ella se ha vuelto una pista: “Creen que así me quedo sin temas, pero es justo lo contrario. Ahí es donde está lo que importa investigar”, dice con voz firme. Periodista de investigación de El Mostrador y editora del newsletter Aquí Arica, Astudillo ha aprendido que el oficio en regiones se hace con más soledad, más insistencia y, muchas veces, más riesgo. En tribunales ha recibido empujones de familiares de imputados y hasta amenazas de muerte, una de ellas investigada por la Fiscalía. “Reportear crimen organizado en una ciudad fronteriza no es gratis”, confiesa. Vocación en dictadura Su vocación nació temprano. Era estudiante de periodismo en los años 90, con la democracia recién estrenada, cuando descubrió los reportajes que circulaban en revistas opositoras y en cintas VHS de Teleanálisis. Ahí entendió que el periodismo podía ser un arma contra el silencio. “Me marcaron los tres degollados, me marcó ver que había gente dispuesta a entregar la vida por contar lo que pasaba”, recuerda. De sus referentes, nombra a Raquel Correa y a Mónica González. “Ellas mostraron que entrevistar era investigar, que incomodar era parte del deber”. Sin pauta oficial En su día a día, Ximena sigue de cerca los concejos municipales y regionales, revisa redes sociales y conversa con vecinos. De esas charlas en la calle, muchas veces, nacen pistas que terminan en reportajes. “La clave es no quedarse con lo que dicen los comunicados. Eso no es periodismo”, sentencia. Lo hace sola, sin equipo en terreno. Mientras en Santiago los reporteros pueden apoyarse, en Arica el peso recae en ella. “No es una queja —aclara—, pero es un desafío. Aquí hay que ser reportera, editora, fotógrafa y correctora al mismo tiempo.” Intentos de soborno A lo largo de su carrera también ha recibido intentos de cooptación: sobres con dinero, viajes, cenas y favores ofrecidos a cambio de silencio. “Si hubiera aceptado, sería rica… y corrupta. Pero no podría salir a reportear con la frente en alto”, dispara sin titubear. Proteger la democracia En Aquí Arica las fuentes se cuidan como un tesoro. Solo hay excepciones: cuando lo dicho puede derivar en un delito grave o un daño inminente. “El pacto con la fuente es lo que sostiene al periodismo. Si lo rompes una vez, ya no sirves para este oficio”. Su mirada es clara: el periodismo no debe decirle a la gente qué pensar, sino entregarle herramientas para que decida informada. “Eso es democracia. En regiones, donde hay menos ojos mirando, se vuelve aún más urgente”. Lo que viene Sus proyectos son ambiciosos: consolidar un equipo local, expandir Aquí Arica y lanzarse con podcasts de calidad sobre la realidad del norte. “Quiero que Arica tenga una voz propia, potente, que no dependa de Santiago”. También aconseja a los jóvenes: leer historia, sociología, educación cívica; no quedarse en la inmediatez de las redes. “Las respuestas rápidas sirven un rato, pero el periodismo que queda es el que se hace con tiempo, con cabeza y con corazón”. El norte es frontera y también espejo. Allí, entre silencios oficiales y voces ciudadanas, Ximena Astudillo continúa tejiendo relatos que incomodan. Porque en Arica, como en cualquier lugar donde la democracia se pone a prueba, el periodismo no es un lujo: es una necesidad vital.

Por equipo «En La Mira» – Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) de los 8 candidatos presidenciales publicadas en el sitio web www.infoprobidad.cl, exponen un abismo financiero que va desde modestos ingresos y cero deudas, hasta estructuras empresariales complejas, fuerte dependencia crediticia y activos en el extranjero. El análisis de esta información resulta vital para que la ciudadanía evalúe los posibles focos de conflictos de interés que podrían influir en las decisiones de un futuro gobierno. I. Los focos rojos: derechos de agua y estructura societaria. La lupa investigativa se posa sobre los candidatos con vínculos empresariales que podrían colisionar con la función pública, especialmente en áreas críticas como el sector financiero, inmobiliario y, particularmente, los recursos hídricos. José Antonio Kast: el vínculo con el agua y los bienes raíces. El candidato republicano presente el perfil más complejo en términos de participación societaria y bienes inmuebles: Marco Enríquez-Ominami: alta renta y servicios políticos. El candidato independiente, con una renta bruta mensual de $9.066.967, figura como el aspirante con el mayor ingreso declarado. Sus intereses se centran en el área de servicios: II. Deudas, inmuebles y ausencia de renta. El endeudamiento es otro factor clave que puede influir en la independencia de un político. Varios candidatos declaran pasivos millonarios. El caso Parisi: deudas de consumo y domicilio en EE.UU. El abanderado del PDG presenta una de las declaraciones más atípicas. La brecha entre la ausencia de renta declarada y los activos en el extranjero, sumada a las deudas de consumo, abre un flanco de investigación sobre la real situación financiera del candidato. La fuerte dependencia de créditos: Jara y Mayne-Nicholls. Dos candidatos con pasado en el servicio público registran altos pasivos que superan con creces sus ingresos fijos declarados. La alta exposición a la deuda de ambos candidatos, contrastados con sus ingresos, son foco de análisis sobre su real independencia financiera. III. Bienes raíces de alto valor y el perfil “austero”. El patrimonio del resto de los candidatos se encuadra en perfiles inmobiliarios bien constituidos o de marcada austeridad. Evelyn Matthei: patrimonio inmobiliario y cero deuda. La candidata de “Chile Vamos” destaca por tener un patrimonio constituido fundamentalmente por inmuebles, siendo la única en no declarar pasivos. Kaiser y Artés: adquisición reciente y bajo patrimonio. IV. Transparencia pendiente: más allá del estándar legal. La revisión de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) demuestra que la ley vigente (Ley N° 20.880) es el piso mínimo de transparencia, más no el techo. Si bien la información proporcionada por los candidatos ha revelado la diversidad patrimonial y los principales focos de conflicto, una parte crucial del escrutinio sigue pendiente. La ley solamente obliga a declarar aquello que se enmarca en las categorías del formulario, lo que permite a los candidatos con estructuras patrimoniales y societarias complejas (como Kast o Enríquez-Ominami) mantener bajo reserva el detalle de las operaciones de sus sociedades. Los aspirantes a La Moneda no están obligados a someterse únicamente al estándar legal. La real transparencia se alcanzará cuando los candidatos decidan voluntariamente publicar información que va más allá del mandato exigido por la norma. El conocimiento público de estos intereses es fundamental para el ejercicio del voto informado, la rendición de cuentas y la consolidación de una auténtica democracia.

Por equipo «En La Mira» – El fallo dictado por la Tercera Sala de la Corte Suprema (Rol 18.080-2025) el 29 de septiembre de 2025, que ordenó el bloqueo de las casas de apuestas online, no es una victoria regulatoria. Es la radiografía de un fracaso institucional prolongado. El máximo tribunal debió intervenir para detener una actividad que, según el marco normativo vigente en Chile desde la dictación del Código Civil, era ilegal desde su origen. Documentos oficiales revelan que, mientras el Poder Ejecutivo impulsaba un proyecto de ley para regular la actividad y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) denunciaba al Ministerio Público su carácter de delito, el negocio continuó operando, inyectando millones de capitales sin control ni tributación.  1. Las denuncias de la SCJ al Ministerio Público desde el 2020. El marco regulatorio chileno (Ley N° 19.995) otorga el monopolio de los casinos de juego solamente a los casinos físicos autorizados legalmente. Las plataformas online, por definición, operaban fuera de este marco. La SCJ, organismo fiscalizador, tenía plena conciencia de esta ilegalidad. El 17 de febrero de 2025, la SCJ dictó el oficio ordinario N° 298/2025, mediante el cual comunicó que desde el año 2020 envió al Ministerio Público información correspondiente a 194 plataformas de apuestas en línea “para la investigación y la acción penal pública que considere pertinente”. La magnitud de estas denuncias revela que el Estado tenía pleno conocimiento sobre la ilicitud del negocio de las apuestas en línea, sin embargo, ello no provocó la paralización de la actividad. 2. La paradoja: ¿regular o prohibir una ilegalidad? El poder político optó por la regulación en lugar de la fiscalización estricta. Un Mensaje del Presidente de la República (Boletín N° 14838-03), de marzo de 2022, iniciaba un proyecto de ley que buscaba regular el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile. El proyecto se encuentra actualmente en tramitación en el Senado (segundo trámite constitucional). Esta acción generó una paradoja de política pública: mientras la SCJ denunciaba la actividad como potencialmente ilícita en sede penal, el Poder Ejecutivo proponía legislar para legalizarla y someterla a tributación.  Sin embargo, la lentitud del proceso legislativo y la opción por la regulación mantuvieron las plataformas de apuestas en línea en un limbo que las benefició directamente. Durante todo este período de debate continuaron operando sin restricciones, obteniendo ganancias millonarias, sin pagar impuestos, ni someterse a controles que permitan conocer el origen y el destino de los recursos que dicha industria genera. 3. La sentencia de la Corte Suprema: la constatación de una antigua ilegalidad. El fallo de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción (una de las pocas entidades que están autorizadas legalmente para desarrollar juegos de azar en línea) contra diversos proveedores de internet (Claro Chile, WOM y VTR, entre otros), prohibiéndoles transmitir y promover juegos de azar que no cuenten con autorización, debiendo bloquear inmediatamente todos los sitios web solicitados por la recurrente. El Máximo Tribunal, para fundar su decisión, categóricamente señaló que los juegos de azar -entre los cuales se encuentran las apuestas en línea- “se encuentran proscritos en nuestro ordenamiento jurídico, calificando a las deudas contraídas en dichos juegos de azar de ilícitas por adolecer de objeto ilícito (artículo 1466 del Código Civil), como asimismo sancionando penalmente a quienes posibilitan dicha actividad como a quienes participan en ella”. Como es posible apreciar, la ilegalidad de las apuestas en línea en tanto “juego de azar”, proviene desde la época de la dictación del Código Civil en 1857, por lo que resulta incomprensible que dicha industria operase durante tanto años sin el debido control y sanción efectiva. 4. Implicancias y escenarios post fallo: el desafío de la coherencia estatal. El fallo de la Corte Suprema abre nuevos y complejos escenarios. En efecto, abre la puerta a que miles de usuarios puedan interponer demandas para la recuperación de las sumas perdidas en las apuestas, argumentando la nulidad de las transacciones por adolecer de objeto ilícito. Además, obliga al Ministerio Público a realizar las investigaciones penales iniciadas a partir de las 194 denuncias presentadas por la SCJ. Finalmente, pone en jaque el proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea, una actividad que el Poder Judicial acaba de proscribir categóricamente. Sin duda, la decisión de la Corte Suprema, más allá de su relevancia e implicancias jurídicas, obliga a las instituciones competentes del Estado a responder por qué demoraron tanto tiempo en actuar contra una industria que sus propios órganos habían calificado de ilícita.

Por Alejandro Macias – Documentos oficiales que constan en la página web del Poder Judicial revelan que el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega, cuando ejercía como abogado privado, lideró la defensa que intentó dejar sin efecto la multa impuesta por la Superintendencia de Educación al Colegio Alianza Francesa. Su estrategia, centrada en atacar supuestos vicios de forma en que incurrió el ente fiscalizador, se opone abiertamente con lo decidido por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, que calificó el actuar del establecimiento como “derechamente ilegal”, al someter al joven Nicolás Scheel a “un procedimiento no regulado y totalmente desconocido” que causó su muerte. Caso Alianza Francesa: de la sanción escolar al fallo condenatorio. El caso se remonta al 11 de agosto de 2017, cuando el adolescente Nicolás Scheel de La Maza fue sorprendido portando 1,7 gramos de marihuana en el Colegio Alianza Francesa de Vitacura. Tras una denuncia a Carabineros, el colegio inició un procedimiento disciplinario. Apenas 18 días después, el 29 de agosto de 2017, Nicolás fue objeto de un Consejo de Disciplina que resolvió sancionarlo con la suspensión temporal por 9 días hábiles. Dos días más tarde, el 31 de agosto de 2017, Nicolás Scheel se quitó la vida. El caso desencadenó dos vías de acción legal: La defensa de la corporación: el recurso de Cordero y la estrategia del formalismo legal. El actual ministro Luis Cordero se vinculó a este caso en 2018, cuando integraba el estudio jurídico “Ferrada Nehme” y se desempeñaba en el ejercicio libre de la profesión, antes de asumir el cargo de ministro de Justicia en enero de 2023. En febrero de 2018, Luis Cordero junto a la abogada Josefina Court, presentaron un recurso de reclamación contra la resolución de la Superintendencia de Educación que aplicó a la Corporación Educacional Alianza Francesa una multa de 58 UTM y una amonestación escrita por los incumplimientos a la normativa sobre convivencia escolar. Si bien los nombres de ambos abogados fueron tachados en la copia del recurso de reclamación acompañado en la causa civil, su autoría aparece mencionada explícitamente en la demanda y en la sentencia posterior. Más aún, el ministro Cordero figuró en la lista de testigos ofrecida por la defensa de la corporación, lo que ratifica su rol de asesor incluso en una etapa posterior a la sede administrativa. La estrategia de Cordero se centró en una defensa puramente técnica y formal de la corporación, esgrimiendo que la sanción debía dejarse sin efecto debido a errores o vicios de forma durante la fiscalización estatal. Entre los argumentos centrales se incluyeron: La Superintendencia de Educación rechazó el recurso de reclamación en junio de 2018. La condena civil: la justicia desmantela el formalismo. La sentencia dictada por el Décimo Juzgado Civil de Santiago demostró que las fallas del colegio en la reglamentación y aplicación de la convivencia escolar -incumplimientos cuya existencia Luis Cordero buscó desestimar en la sede administrativa- fueron de tal magnitud que establecieron un nexo causal. El tribunal concluyó que, de no haberse producido estos incumplimientos, el daño fatal no se habría generado. Entre los argumentos de la sentencia se encuentran: La dicotomía entre el jurista técnico y la ética pública. La trayectoria del actual ministro Luis Cordero en este caso plantea un ineludible debate sobre la coherencia entre el rigor legal y la ética pública. Si bien los hechos de la defensa en sede administrativa datan de 2018, años antes de que Cordero asumiera como ministro de Justicia en 2023, la relevancia del asunto no obedece a una cuestión temporal, sino de coherencia ética. El cuestionamiento se basa en el salto de rol: de utilizar el derecho para defender a una corporación de una multa (minimizando las fallas del procedimiento), a representar al Estado, cuya justicia penaliza esas mismas fallas por ser causa de una muerte. Este caso demuestra que el ministro pasó de ser un defensor que utilizó el máximo formalismo legal para dejar sin efecto una sanción administrativa, a ser una autoridad del Estado que debe asegurar la justicia sustantiva para todos los ciudadanos. El caso de la Alianza Francesa se erige así como un espejo de la tensión entre el pragmatismo legal y la responsabilidad moral en el ejercicio del poder.